PROVEA (Caracas, 07.12.11): En la presentación de su 23avo Informe Anual sobrela Situaciónde los Derechos Humanos en Venezuela, correspondiente al período octubre 2010 – septiembre 2011, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) destacó que, para el período en análisis, algunos indicadores en derechos civiles y políticos (DCP) mejoraron mientras que los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) se mantienen estancados, confirmando el alerta realizado por la organización acerca del estancamiento de las políticas públicas de combate a la pobreza.
Los derechos civiles y políticos reflejaron una disminución importante del número de casos. Por ejemplo, en el diagnóstico del derecho a la integridad personal hubo un 52% de disminución en las violaciones identificadas. Sólo en el patrón “torturas” se redujo 44,45%. La baja diagnosticada también abarca otros derechos, como el de libertad personal, cuya merma fue de 228%, y el derecho a la vida, cuyo decrecimiento fue de 27% respecto al año anterior. En el derecho a la seguridad ciudadana se contabilizaron 905 homicidios menos, siendo la cifra oficial para el 2010 de 13.080 homicidios. Según Marino Alvarado, Coordinador General de Provea, “esta mejoría pudiera ser consecuencia del proceso de reforma policial, por lo que hay razones para ser optimistas en cuanto a que progresivamente se reduzcan las violaciones a los derechos humanos perpetradas por funcionarias y funcionarios policiales y en aquellos casos en que ocurran, exista mayor posibilidad de investigación y sanción”. Sin embargo Provea advirtió que para hablar de una tendencia deben reflejarse durante cinco años consecutivos la reducción de casos en los diferentes derechos. Asimismo, que la situación de las personas privadas de libertad, derecho a la libertad de expresión y la participación y asociación continúan mostrando signos preocupantes.
En contraste, a excepción de lo correspondiente a Seguridad Social, todos los valores de inversión pública en políticas sociales fueron menores a los del año anterior, lo cual ha incidido en el estancamiento de las diferentes misiones. La situación de los DESC continúa mostrando signos regresivos, confirmando el alerta realizado por Provea en el año 2010 acerca de la paralización de la lucha contra la pobreza. En materia de habitacional el Ejecutivo Nacional construyó su tercera menor cifra en 12 años, con 15.516 viviendas edificadas. A pesar del anuncio dela Gran MisiónVivienda Venezuela, no existe un plan nacional de rehabilitación de hábitat y construcción con metas definidas, y reglas claras, para el corto, mediano y largo plazo. En el derecho a la tierra 5 campesinos fueron asesinados presuntamente por conflictos relacionados con el proceso de reforma agraria. Se mantiene la no promulgación de una Ley Orgánica de Salud que combata la ineficiencia e inequidad del sistema público de salud, ni se cumple la meta establecida para 2011 de realizar un gasto público en salud equivalente a 10% del PIB. Además, se visibiliza el déficit de personal médico. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la población ocupada en el sector formal fue el 56,2%, y el desempleo 8,3% de la población económicamente activa. Persiste la alta cifra de sindicalistas asesinados por conflictos relacionados con la obtención de puestos de trabajo, contabilizándose 36 en el lapso estudiado. Además continuó la tendencia de violaciones a la libertad sindical: descalificación pública por parte de funcionarios, amenazas públicas o privadas, apertura de juicios penales, medidas cautelares dictadas por jueces penales que prohíben a los sindicalistas acercarse a los centros de trabajo, amenazas de despido a trabajadores si participan en asambleas, prohibición de realización de asambleas durante la jornada labora y despidos injustificados.
Esta situación en derechos sociales ocurre cuando uno de los grandes avances del gobierno del presidente Chávez, la reducción de la pobreza, no muestra el vigor de años anteriores. Mientras para el primer semestre de 2007 había en el país un total de 8.717.639 personas en condición de pobreza, según el INE, para el primer semestre de 2011 esa cifra se elevaba a 9.365.895. Si se comparan los años 2010 y 2011 se puede constatar el incremento, cuando 325.565 personas entraron en la línea de pobreza. La falta de respuestas del Ejecutivo Nacional a las expectativas creadas en la satisfacción de las necesidades populares ha catalizado la conflictividad en el país, registrándose la cifra de 14,4 protestas diarias en el país, 61% por demandas sociales y teniendo como principales motivaciones, en orden de importancia, derechos laborales, derecho a la vivienda y derecho a la seguridad ciudadana.
El Informe 2011 de Provea plasmó una investigación especial sobre el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por Venezuela por primera vez. Sin embargo, el sectarismo con el cual el gobierno adelantó el proceso impidió un acercamiento y trabajo mancomunado con parte de la sociedad civil con experiencia en temas de derechos humanos y de desarrollo. El gobierno asumió el proceso como una batalla para vencer a “las ONG tarifadas por el imperio”. Además, continuó la campaña de descalificación al sistema internacional de protección a los derechos humanos y se reiteró el deseo de establecer un sistema paralelo.
Rafael Uzcátegui, coordinador del área de investigación de Provea, afirmó que “el respeto a los derechos humanos se ha debilitado en Venezuela debido a la aprobación, de manera no democrática, de una serie de leyes que vulneran la Constitucióne imponen el proyecto denominado “socialismo del siglo XXI”.
Provea reiteró la necesidad que en el país se establezca un diálogo entre las instituciones del Estado y las organizaciones de derechos humanos para diseñar políticas públicas que permitan superar los déficit existentes y fortalecer las políticas positivas. Los voceros de Provea recordaron que los resultados del Informe Anual 2011 son públicos y pueden ser descargados del sitio web http://www.derechos.org.ve
